A PROPÓSITO DE UN DERRAME (parte II)

Un par de días pasaron desde cuando escribí en este blog la primeraparte de este desastre ecológico, hasta que la fiscalía naval, decretara sanciones para la Empresa Nacional del Petróleo, para el buque Mimosa y para Ultratag, la empresa a la cual pertenecen los dos remolcadores involucrados en la operación de descarga del crudo y que fuera derramado en la bahía de Quintero.

Así titulaba un diario de circulación nacional, los resultados de esta determinación judicial:

“Fiscalía Naval fija a Enap mayor sanción por derrame en bahía de Quintero"

"Investigación sanciona a estatal con $450 millones y con $360 millones al buque y al remolcador. Además se cifró en 38 mil litros el vertimiento, 16 mil más que los informados por refinería.”

Como se puede apreciar, en los análisis de los costos que se deben asumir por el daño y las posteriores mitigaciones al medio ambiente y a las personas, que ven afectadas sus fuentes laborales, también hay que sumar costos, a la reputación de las empresas, difíciles de cuantificar, pero que causan mucho daño y perduran en el consciente colectivo de la ciudadanía por mucho tiempo, no solo se afecta la reputación y la transparencia con que actúan estas empresas además la confianza en ellas queda muy deteriorada, sobre todo al tratarse de empresas pertenecientes al Estado y monopólicas desde el punto de vista de la refinación de combustibles. Se abre ahora un largo período para efectuar descargos y apelaciones a las instancias respectivas, que precisarán mayor detalle en las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados.

Es curioso, en este sentido que la Fiscalía Naval ni siquiera menciona la actuación del práctico quien es la persona que aborda y ejecuta la operación en el remolcador, esta situación requiere ser revisada pues a todas luces tenemos aquí un caso de competencia legal, donde la fiscalía no puede ser juez y parte, esperamos que el proceso continuará y aclarará esta participación y el grado de responsabilidad compartida.

Los representantes de todos los sindicatos, tanto de trabajadores como profesionales de la refinería de Aconcagua en una inserción en la prensa, protestaron sobre esta sanción preliminar, encontrándola injusta toda vez que la Empresa fue la única que desplegó una gran cantidad de recursos, técnicos, económicos y de personal para limpiar y remover las consecuencias de dicho derrame.

Al escribir estas líneas, se conoce la noticia que la Seremi de Salud de Valparaíso levantó el decreto de prohibición de extracción, distribución, comercialización y consumo de productos marinos en las zonas afectadas por la contaminación. El subsecretario de salud, explicó que “durante todo el proceso se llegaron a tomar 201 muestras de alimentos, las que arrojaron niveles que reflejan que ya no hay riesgo de salud para las personas”.

Como decíamos en la primera parte de este blog, en la hora de los lamentos habrá que ser muy proactivo para sacar conclusiones, revisar los procedimientos, mejorar las coordinaciones, efectuar las mejoras técnicas a través de inversiones en equipamiento y capacitación y sobre todo ser muy humildes en reconocer lo que realmente se ha hecho mal, esta es la única fórmula de empezar a recuperar la confianza perdida.

Entendemos que quienes son multados y creen ser inocentes de lo ocurrido, reaccionen con sorpresa, indignación y discutan el fallo, pero definitivamente será la justicia la que sancionará y si hay atenuantes a la falta, esta será tenida en consideración, las declaraciones que ha efectuado el Gerente General de ENAP, distan de ser humildes y no ayudan a este acercamiento con la comunidad.

“La Empresa Nacional de Petróleo, no tuvo responsabilidad en el derrame de crudo que afectó a la bahía de Quintero el pasado 24 de septiembre”. Agregó además:

• “La compañía ha ejecutado diversas acciones para establecer y clarificar las responsabilidades”.
• “Nuestro análisis indica que en el derrame propiamente tal no tenemos responsabilidades y que no fuimos parte en ninguna de las decisiones que lo desencadenaron. Cada evidencia nueva lo vuelve a confirmar”.
• “Hemos entablado todos los recursos correspondientes para que se identifique dónde está la responsabilidad. Hemos hecho tanto actos administrativos como civiles y penales. Los antecedentes han sido entregados a la justicia para encontrar a los responsables por algo que es daño ambiental y reputacional”.
• “Se ha logrado el arraigo del buque y gracias a eso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) obtuvo una garantía de US$ 15 millones; los pescadores, de US$ 15 millones y Enap, de US$ 17 millones”.
• “Sin perjuicio de no ser responsables del hecho, somos sin duda una empresa responsable y actuamos a partir del mismo momento que nos enteramos del derrame”.
• “Se siguieron los planes de contingencia y no hubo ninguna restricción para los recursos destinados a esto. Llegamos a trabajar con 1.200 personas en labores de limpieza y al cabo de los primeros días no había manchas en las superficies y se habían limpiado los principales focos en las playas”.
• “Encargamos un análisis de expertos en riesgos para que hagan una revisión de cuáles son todos los protocolos que tenemos y ver la posibilidad, si es que la hay, de perfeccionarlos. A priori no existe un análisis que indique evidentes mejorías”.

En todas estas afirmaciones, rescataría aquellas en donde hace énfasis sobre las labores de limpieza y reparaciones al daño ambiental y las revisiones de los protocolos y planes de contingencia para prevenir en el futuro accidentes similares, si son o no culpables serán los organismos competentes quienes decidirán si el Gerente General tiene la razón.

Cátedra:   Higiene Industrial
Carrera:   Ingeniería en Prevención de Riesgos y MedioAmbiente.
Docente:  José Luis Rodríguez M.
               Universidad Miguel de Cervantes