A PROPÓSITO DE UN DERRAME (parte II)

Un par de días pasaron desde cuando escribí en este blog la primeraparte de este desastre ecológico, hasta que la fiscalía naval, decretara sanciones para la Empresa Nacional del Petróleo, para el buque Mimosa y para Ultratag, la empresa a la cual pertenecen los dos remolcadores involucrados en la operación de descarga del crudo y que fuera derramado en la bahía de Quintero.

Así titulaba un diario de circulación nacional, los resultados de esta determinación judicial:

“Fiscalía Naval fija a Enap mayor sanción por derrame en bahía de Quintero"

"Investigación sanciona a estatal con $450 millones y con $360 millones al buque y al remolcador. Además se cifró en 38 mil litros el vertimiento, 16 mil más que los informados por refinería.”

Como se puede apreciar, en los análisis de los costos que se deben asumir por el daño y las posteriores mitigaciones al medio ambiente y a las personas, que ven afectadas sus fuentes laborales, también hay que sumar costos, a la reputación de las empresas, difíciles de cuantificar, pero que causan mucho daño y perduran en el consciente colectivo de la ciudadanía por mucho tiempo, no solo se afecta la reputación y la transparencia con que actúan estas empresas además la confianza en ellas queda muy deteriorada, sobre todo al tratarse de empresas pertenecientes al Estado y monopólicas desde el punto de vista de la refinación de combustibles. Se abre ahora un largo período para efectuar descargos y apelaciones a las instancias respectivas, que precisarán mayor detalle en las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados.

Es curioso, en este sentido que la Fiscalía Naval ni siquiera menciona la actuación del práctico quien es la persona que aborda y ejecuta la operación en el remolcador, esta situación requiere ser revisada pues a todas luces tenemos aquí un caso de competencia legal, donde la fiscalía no puede ser juez y parte, esperamos que el proceso continuará y aclarará esta participación y el grado de responsabilidad compartida.

Los representantes de todos los sindicatos, tanto de trabajadores como profesionales de la refinería de Aconcagua en una inserción en la prensa, protestaron sobre esta sanción preliminar, encontrándola injusta toda vez que la Empresa fue la única que desplegó una gran cantidad de recursos, técnicos, económicos y de personal para limpiar y remover las consecuencias de dicho derrame.

Al escribir estas líneas, se conoce la noticia que la Seremi de Salud de Valparaíso levantó el decreto de prohibición de extracción, distribución, comercialización y consumo de productos marinos en las zonas afectadas por la contaminación. El subsecretario de salud, explicó que “durante todo el proceso se llegaron a tomar 201 muestras de alimentos, las que arrojaron niveles que reflejan que ya no hay riesgo de salud para las personas”.

Como decíamos en la primera parte de este blog, en la hora de los lamentos habrá que ser muy proactivo para sacar conclusiones, revisar los procedimientos, mejorar las coordinaciones, efectuar las mejoras técnicas a través de inversiones en equipamiento y capacitación y sobre todo ser muy humildes en reconocer lo que realmente se ha hecho mal, esta es la única fórmula de empezar a recuperar la confianza perdida.

Entendemos que quienes son multados y creen ser inocentes de lo ocurrido, reaccionen con sorpresa, indignación y discutan el fallo, pero definitivamente será la justicia la que sancionará y si hay atenuantes a la falta, esta será tenida en consideración, las declaraciones que ha efectuado el Gerente General de ENAP, distan de ser humildes y no ayudan a este acercamiento con la comunidad.

“La Empresa Nacional de Petróleo, no tuvo responsabilidad en el derrame de crudo que afectó a la bahía de Quintero el pasado 24 de septiembre”. Agregó además:

• “La compañía ha ejecutado diversas acciones para establecer y clarificar las responsabilidades”.
• “Nuestro análisis indica que en el derrame propiamente tal no tenemos responsabilidades y que no fuimos parte en ninguna de las decisiones que lo desencadenaron. Cada evidencia nueva lo vuelve a confirmar”.
• “Hemos entablado todos los recursos correspondientes para que se identifique dónde está la responsabilidad. Hemos hecho tanto actos administrativos como civiles y penales. Los antecedentes han sido entregados a la justicia para encontrar a los responsables por algo que es daño ambiental y reputacional”.
• “Se ha logrado el arraigo del buque y gracias a eso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) obtuvo una garantía de US$ 15 millones; los pescadores, de US$ 15 millones y Enap, de US$ 17 millones”.
• “Sin perjuicio de no ser responsables del hecho, somos sin duda una empresa responsable y actuamos a partir del mismo momento que nos enteramos del derrame”.
• “Se siguieron los planes de contingencia y no hubo ninguna restricción para los recursos destinados a esto. Llegamos a trabajar con 1.200 personas en labores de limpieza y al cabo de los primeros días no había manchas en las superficies y se habían limpiado los principales focos en las playas”.
• “Encargamos un análisis de expertos en riesgos para que hagan una revisión de cuáles son todos los protocolos que tenemos y ver la posibilidad, si es que la hay, de perfeccionarlos. A priori no existe un análisis que indique evidentes mejorías”.

En todas estas afirmaciones, rescataría aquellas en donde hace énfasis sobre las labores de limpieza y reparaciones al daño ambiental y las revisiones de los protocolos y planes de contingencia para prevenir en el futuro accidentes similares, si son o no culpables serán los organismos competentes quienes decidirán si el Gerente General tiene la razón.

Cátedra:   Higiene Industrial
Carrera:   Ingeniería en Prevención de Riesgos y MedioAmbiente.
Docente:  José Luis Rodríguez M.
               Universidad Miguel de Cervantes

A PROPÓSITO DE UN DERRAME ......

Es común escuchar o leer por estos tiempos, “el poder de la ciudadanía” o “de los movimientos sociales” como un nuevo fenómeno social al cual los agentes políticos tienen que escuchar para incorporar sus demandas, en los programas de gobierno o en el diseño de políticas públicas.

Si analizamos con atención la imagen de arriba, nos da cuenta -que al menos- el fenómeno no es nuevo, esta es una hermosa historia de hace 65 años, donde la comunidad organizada del Puerto de Valparaíso luchó para que la primera refinería del país fuera establecida en Concón y no en el Puerto de San Antonio, (en ese tiempo, administrativamente dependiente de Santiago, la capital del país), esta es una de las primeras grandes victorias del regionalismo versus el centralismo tan característico de nuestra nación.

Inmediatamente después del gran conflicto mundial, el país comenzaba a desarrollarse industrialmente, el modelo económico era el de “sustitución de importaciones”, se había creado la CORFO, ente rector de este magno propósito y algunos años antes se había descubierto petróleo en Tierra del Fuego (1945), se requería una refinería que pudiera transformar este “oro negro” en combustibles.

La industrialización del país era un signo de desarrollo y fundamentalmente de generación de empleos, se vivía en una sociedad con un gran segmento de la población en niveles muy precarios de subsistencia; solo un ejemplo para significar las carencias de infraestructura, (que hoy nos parecen absolutamente normales), en el mismo momento que la muchedumbre celebraba en la plaza Sotomayor, no existía puente sobre el río Aconcagua que uniera Concón con el puerto de Quintero, existía una balsa para cruzar de un lado al otro.

Fueron visionarios aquellos ciudadanos, pues al instalar la refinería, generó un polo de desarrollo con énfasis en la industria petro-química, la construcción de infraestructura y por añadidura el potenciamiento del otro puerto hermano al de Valparaíso, el de Quintero (Ventanas).

Este está ubicado en la bahía del mismo nombre, geográficamente con mejores características que su hermano mayor, mira al norte y presenta mejores condiciones de abrigo. Por este puerto y a través de un oleoducto que lo comunica con la refinería de ENAP, llega el petróleo crudo y salen los combustibles ya refinados que abastecen regiones más alejadas del país, más recientemente se ha incorporado a este complejo la descarga y el transporte de gas natural.

A su vez, este puerto, también atrajo y consolidó la instalación de otras industrias, entre otras, la Refinería de cobre, primero propiedad de ENAMI y actualmente de CODELCO, una central termoeléctrica y todas las instalaciones y servicios propios de establecimientos de este tipo. Hace pocos años, en este sector se construyeron los estanques que almacenan el gas natural comprimido que viene por barco para abastecer parte de nuestro desarrollo con la energía necesaria.

No previeron los ciudadanos de ese entonces, que todo este desarrollo industrial traería aparejado un gran deterioro ambiental asociado al cambio de uso del suelo, de una zona eminentemente agrícola por otra de carácter industrial, desaparecieron las lechugas costinas y en las últimas décadas hemos asistido a la degradación del suelo y reclamos de los herederos de aquellos que aplaudían en el pasado, del empeoramiento en su calidad de vida.

Es en este contexto, el pasado 24 de septiembre, el buque Mimosa provocó un accidente grave cuando en un procedimiento ordinario de descarga a través de las tuberías submarinas que conectan con los oleoductos que abastecen la refinería de Concón, colapsaron provocando un derrame de aproximadamente 22.000 litros de petróleo crudo en el mar.

La autoridad marítima ha designado un fiscal exclusivo que investiga el accidente y determinará responsabilidades y las sanciones pertinentes.

Esta sentencia nos dará pistas sobre si los riesgos inherentes a una actividad peligrosa como lo es la producción, transporte y refinación de Hidrocarburos estaban bien definidos y cubiertos.

Son varios los actores, involucrados en este grave incidente, por cierto ENAP que como cliente se ha visto afectado y ha interpuesto una querella criminal contra los responsables del derrame. Este hecho no lo exime de culpa, veremos finalmente el dictamen de la justicia. Independientemente de aquello, la empresa en forma irresponsable se apresuró a dar datos estimados de un derrame de 3 metros cúbicos, generando desconfianza y poca transparencia en el desarrollo de la gestión de la crisis. Ha quedado en el consciente colectivo la idea que ellos son los culpables y esto aún no lo sabemos, lo que sí sabemos que la política comunicacional de ENAP, necesita urgentemente mejorar.

Los otros actores con posible responsabilidades en la operación, son:

1.- Los propietarios de la nave y principalmente su capitán,
2.- Los propietarios (Ultramar) de los remolcadores de altamar, Puyehue y Horcón,
3.- La capitanía de puerto, quien designa un práctico que dirige la operación desde uno de los remolcadores.

La investigación que lleva la autoridad marítima, nos aclarará entre otras materias, si las condiciones climáticas de aquel día eran favorables para la operación y porqué, si no lo eran, la capitanía de puerto desestimó que el buque saliera a la gira a capear el temporal, también tendrán que efectuar un riguroso examen si las espías que aseguraban los ductos y la propia nave con los remolcadores, estaban en buenas condiciones y si éstas eran parte del equipo de la nave o de la agencia. También resulta más o menos obvio que todos estos actores en conjunto tendrán que revisar sus planes de contingencia.

Hoy existen metodologías y procedimientos para poder limpiar los ecosistemas afectados y recuperar el crudo derramado que cumplen normas nacionales y de referencia posibles de certificar internacionalmente. La constitución por la autoridad ambiental de una garantía de 15 millones de dólares que cubren los gastos de limpieza y reparación es una prueba más que suficiente de la dimensión del accidente. 

La disciplina de la Prevención y Riesgos tiene como misión, la eliminación, prevención o control del peligro, con el objeto de eliminar las fatalidades en una organización.

Situaciones ocurridas en el puerto de Ventanas, darán origen, en este caso a que cada uno de los responsables, además de las sanciones que les imponga la autoridad ambiental, la oportunidad de mejorar sus propios estándares de control de fatalidades (ECF) para lograr una gestión sustentable en el tiempo.

La estructura genérica de las guías de ECF, deben contemplar: Objetivos, Alcances y Requisitos, tanto para: personas y organización, como para las instalaciones, los equipos y el entorno. Será necesario contrastar lo que indican estos estándares (requisitos) con lo que existe en la realidad, para establecer la brecha que existe para cada uno de ellos.

El cierre de estas brechas, requerirá ciertas acciones: capacitación y entrenamiento del personal, desarrollo de normas, procedimientos de trabajo e inversiones o diseño de ingeniería y el análisis de ellas, permitirá conocer el costo y los plazos que significará implementar los ECF. Estos resultados no deben medirse de forma inmediata, una gestión exitosa requiere mostrar, al menos cinco años consecutivos sin accidentes.

Cátedra:  Higiene Industrial
Carrera:   Ingeniería en Prevención de Riesgos y MedioAmbiente.
Docente: José Luis Rodríguez M.
              Universidad Miguel de Cervantes

Nota: El 6 de diciembre la Fiscalía Naval fija a Enap mayor sanción por derrame en bahía de Quintero. Investigación sanciona a estatal con $450 millones y con $360 millones al buque y al remolcador. Además se cifró en 38 mil litros el vertimiento, 16 mil más que los informados por refinería.
Ver en: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/12/680-607602-9-fiscalia-naval-fija-a-enap-mayor-sancion-por-derrame-en-bahia-de-quintero.shtml