Es
común escuchar o leer por estos tiempos, “el poder de la
ciudadanía” o “de los movimientos sociales” como un
nuevo fenómeno social al cual los agentes políticos tienen que
escuchar para incorporar sus demandas, en los programas de gobierno o
en el diseño de políticas públicas.
Si
analizamos con atención la imagen de arriba, nos da cuenta -que al
menos- el fenómeno no es nuevo, esta es una hermosa historia de hace
65 años, donde la comunidad organizada del Puerto de Valparaíso
luchó para que la primera refinería del país fuera establecida en
Concón y no en el Puerto de San Antonio, (en ese tiempo,
administrativamente dependiente de Santiago, la capital del país),
esta es una de las primeras grandes victorias del regionalismo versus
el centralismo tan característico de nuestra nación.
Inmediatamente
después del gran conflicto mundial, el país comenzaba a
desarrollarse industrialmente, el modelo económico era el de
“sustitución de importaciones”, se había creado la
CORFO, ente rector de este magno propósito y algunos años
antes se había descubierto petróleo en Tierra del Fuego (1945), se
requería una refinería que pudiera transformar este “oro negro”
en combustibles.
La
industrialización del país era un signo de desarrollo y
fundamentalmente de generación de empleos, se vivía en una sociedad
con un gran segmento de la población en niveles muy precarios de
subsistencia; solo un ejemplo para significar las carencias de
infraestructura, (que hoy nos parecen absolutamente normales), en el
mismo momento que la muchedumbre celebraba en la plaza Sotomayor, no
existía puente sobre el río Aconcagua que uniera Concón con el
puerto de Quintero, existía una balsa para cruzar de un lado al
otro.
Fueron
visionarios aquellos ciudadanos, pues al instalar la refinería,
generó un polo de desarrollo con énfasis en la industria
petro-química, la construcción de infraestructura y por añadidura
el potenciamiento del otro puerto hermano al de Valparaíso, el de
Quintero (Ventanas).
Este
está ubicado en la bahía del mismo nombre, geográficamente con
mejores características que su hermano mayor, mira al norte y
presenta mejores condiciones de abrigo. Por este puerto y a través
de un oleoducto que lo comunica con la refinería de ENAP,
llega el petróleo crudo y salen los combustibles ya refinados que
abastecen regiones más alejadas del país, más recientemente se ha
incorporado a este complejo la descarga y el transporte de gas
natural.
A
su vez, este puerto, también atrajo y consolidó la instalación de
otras industrias, entre otras, la Refinería de cobre, primero
propiedad de ENAMI y actualmente de CODELCO, una central
termoeléctrica y todas las instalaciones y servicios propios de
establecimientos de este tipo. Hace pocos años, en este sector se
construyeron los estanques que almacenan el gas natural comprimido
que viene por barco para abastecer parte de nuestro desarrollo con la
energía necesaria.
No
previeron los ciudadanos de ese entonces, que todo este desarrollo
industrial traería aparejado un gran deterioro ambiental asociado al
cambio de uso del suelo, de una zona eminentemente agrícola por
otra de carácter industrial, desaparecieron las lechugas
costinas y en las últimas décadas hemos asistido a la degradación
del suelo y reclamos de los herederos de aquellos que aplaudían en
el pasado, del empeoramiento en su calidad de vida.
Es
en este contexto, el pasado 24 de septiembre, el buque Mimosa
provocó un accidente grave cuando en un procedimiento ordinario de
descarga a través de las tuberías submarinas que conectan con los
oleoductos que abastecen la refinería de Concón, colapsaron
provocando un derrame de aproximadamente 22.000 litros de petróleo
crudo en el mar.
La
autoridad marítima ha designado un fiscal exclusivo que investiga el
accidente y determinará responsabilidades y las sanciones
pertinentes.
Esta
sentencia nos dará pistas sobre si los riesgos inherentes a una
actividad peligrosa como lo es la producción, transporte y
refinación de Hidrocarburos estaban bien definidos y cubiertos.
Son
varios los actores, involucrados en este grave incidente, por cierto
ENAP que como cliente se ha visto afectado y ha interpuesto
una querella criminal contra los responsables del derrame. Este
hecho no lo exime de culpa, veremos finalmente el dictamen de la
justicia. Independientemente de aquello, la empresa en forma
irresponsable se apresuró a dar datos estimados de un derrame de 3
metros cúbicos, generando desconfianza y poca transparencia en el
desarrollo de la gestión de la crisis. Ha quedado en el consciente
colectivo la idea que ellos son los culpables y esto aún no lo
sabemos, lo que sí sabemos que la política comunicacional de ENAP,
necesita urgentemente mejorar.
Los
otros actores con posible responsabilidades en la operación, son:
1.- Los propietarios de la nave y principalmente su capitán,
2.- Los propietarios (Ultramar) de los remolcadores de altamar, Puyehue
y Horcón,
3.- La capitanía de puerto, quien designa un práctico que dirige la
operación desde uno de los remolcadores.
La investigación que lleva la autoridad marítima, nos aclarará
entre otras materias, si las condiciones climáticas de aquel día
eran favorables para la operación y porqué, si no lo eran, la
capitanía de puerto desestimó que el buque saliera a la gira a
capear el temporal, también tendrán que efectuar un riguroso examen
si las espías que aseguraban los ductos y la propia nave con los
remolcadores, estaban en buenas condiciones y si éstas eran parte
del equipo de la nave o de la agencia. También resulta más o menos
obvio que todos estos actores en conjunto tendrán que revisar sus
planes de contingencia.
Hoy
existen metodologías y procedimientos para poder limpiar los
ecosistemas afectados y recuperar el crudo derramado que cumplen
normas nacionales y de referencia posibles de certificar
internacionalmente. La constitución por la autoridad ambiental de
una garantía de 15 millones de dólares que cubren los gastos de
limpieza y reparación es una prueba más que suficiente de la
dimensión del accidente.
La
disciplina de la Prevención y Riesgos tiene como misión, la
eliminación, prevención o control del peligro, con el objeto de
eliminar las fatalidades en una organización.
Situaciones
ocurridas en el puerto de Ventanas, darán origen, en este caso a que
cada uno de los responsables, además de las sanciones que les
imponga la autoridad ambiental, la oportunidad de mejorar sus propios
estándares de control de fatalidades (ECF) para lograr una
gestión sustentable en el tiempo.
La estructura genérica de las guías de ECF, deben contemplar:
Objetivos, Alcances y Requisitos, tanto para: personas y
organización, como para las instalaciones, los equipos y el entorno.
Será necesario contrastar lo que indican estos estándares
(requisitos) con lo que existe en la realidad, para establecer la
brecha que existe para cada uno de ellos.
El
cierre de estas brechas, requerirá ciertas acciones: capacitación
y entrenamiento del personal, desarrollo de normas, procedimientos de
trabajo e inversiones o diseño de ingeniería y el análisis de
ellas, permitirá conocer el costo y los plazos que significará
implementar los ECF. Estos resultados no deben medirse de forma
inmediata, una gestión exitosa requiere mostrar, al menos cinco años
consecutivos sin accidentes.
Nota: El 6 de diciembre la Fiscalía Naval fija a Enap mayor sanción por derrame en bahía de Quintero. Investigación sanciona a estatal con $450
millones y con $360 millones al buque y al remolcador. Además se cifró
en 38 mil litros el vertimiento, 16 mil más que los informados por
refinería.
Ver en: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/12/680-607602-9-fiscalia-naval-fija-a-enap-mayor-sancion-por-derrame-en-bahia-de-quintero.shtml
