Un
par de días pasaron desde cuando escribí en este blog la primeraparte de este desastre ecológico, hasta que la fiscalía naval,
decretara sanciones
para la Empresa Nacional del Petróleo, para el buque Mimosa y para
Ultratag,
la empresa a la cual pertenecen los dos remolcadores involucrados en
la operación de descarga del crudo y que fuera derramado en la bahía
de Quintero.
Así
titulaba un diario de circulación nacional, los resultados de esta
determinación judicial:
“Fiscalía
Naval fija a Enap mayor sanción por derrame en bahía de Quintero"
"Investigación
sanciona a estatal con $450 millones y con $360 millones al buque y
al remolcador. Además se cifró en 38 mil litros el vertimiento, 16
mil más que los informados por refinería.”
Como
se puede apreciar, en los análisis de los costos que se deben asumir
por el daño y las posteriores mitigaciones al medio ambiente y a las
personas, que ven afectadas sus fuentes laborales, también hay que
sumar costos, a la reputación de
las empresas, difíciles de cuantificar, pero que causan mucho daño
y perduran en el consciente colectivo de la ciudadanía por mucho
tiempo,
no solo se afecta la reputación y la transparencia con que actúan
estas empresas además la confianza en ellas queda muy deteriorada,
sobre todo al tratarse de empresas pertenecientes al Estado y
monopólicas desde el punto de vista de la refinación de
combustibles. Se
abre ahora un largo período para efectuar descargos y apelaciones a
las instancias respectivas, que precisarán mayor detalle en las
responsabilidades de cada uno de los actores involucrados.
Es
curioso, en este sentido que la Fiscalía Naval ni siquiera
menciona la actuación del práctico quien es la persona que aborda y
ejecuta la operación en el remolcador, esta situación requiere
ser revisada pues a todas luces tenemos aquí un caso de competencia
legal, donde la fiscalía no puede ser juez y parte, esperamos
que el proceso continuará y aclarará esta participación y el grado
de responsabilidad compartida.
Los
representantes de todos los sindicatos, tanto de trabajadores
como profesionales de la refinería de Aconcagua en una inserción en
la prensa, protestaron sobre esta sanción preliminar,
encontrándola injusta toda vez que la Empresa fue la única que
desplegó una gran cantidad de recursos, técnicos, económicos y de
personal para limpiar y remover las consecuencias de dicho derrame.
Al
escribir estas líneas, se conoce la noticia que la Seremi de
Salud de Valparaíso levantó el decreto de prohibición de
extracción, distribución, comercialización y consumo de productos
marinos en las zonas afectadas por la contaminación. El
subsecretario de salud, explicó que “durante todo el proceso se
llegaron a tomar 201 muestras de alimentos, las que arrojaron niveles
que reflejan que ya no hay riesgo de salud para las personas”.
Como
decíamos en la primera parte de este blog, en la hora de los
lamentos habrá que ser muy proactivo para sacar conclusiones,
revisar los procedimientos, mejorar las coordinaciones, efectuar las
mejoras técnicas a través de inversiones en equipamiento y
capacitación y sobre todo ser muy humildes en reconocer lo que
realmente se ha hecho mal, esta es la única fórmula de empezar a
recuperar la confianza perdida.
Entendemos
que quienes son multados y creen ser inocentes de lo ocurrido,
reaccionen con sorpresa, indignación y discutan el fallo, pero
definitivamente será la justicia la que sancionará y si hay
atenuantes a la falta, esta será tenida en consideración, las
declaraciones que ha efectuado el Gerente General de ENAP, distan de
ser humildes y no ayudan a este acercamiento con la comunidad.
“La
Empresa Nacional de Petróleo, no tuvo responsabilidad en el derrame
de crudo que afectó a la bahía de Quintero el pasado 24 de
septiembre”. Agregó además:
“La
compañía ha ejecutado diversas acciones para establecer y
clarificar las responsabilidades”.
“Nuestro
análisis indica que en el derrame propiamente tal no tenemos
responsabilidades y que no fuimos parte en ninguna de las decisiones
que lo desencadenaron. Cada evidencia nueva lo vuelve a
confirmar”.
“Hemos
entablado todos los recursos correspondientes para que se
identifique dónde está la responsabilidad. Hemos hecho tanto actos
administrativos como civiles y penales. Los antecedentes han sido
entregados a la justicia para encontrar a los responsables por algo
que es daño ambiental y reputacional”.
“Se
ha logrado el arraigo del buque y gracias a eso, el Consejo de
Defensa del Estado (CDE) obtuvo una garantía de US$ 15 millones;
los pescadores, de US$ 15 millones y Enap, de US$ 17 millones”.
“Sin
perjuicio de no ser responsables del hecho, somos sin duda una
empresa responsable y actuamos a partir del mismo momento que nos
enteramos del derrame”.
“Se
siguieron los planes de contingencia y no hubo ninguna restricción
para los recursos destinados a esto. Llegamos a trabajar con
1.200 personas en labores de limpieza y al cabo de los primeros días
no había manchas en las superficies y se habían limpiado los
principales focos en las playas”.
“Encargamos
un análisis de expertos en riesgos para que hagan una revisión de
cuáles son todos los protocolos que tenemos y ver la posibilidad,
si es que la hay, de perfeccionarlos. A priori no existe un
análisis que indique evidentes mejorías”.
En
todas estas afirmaciones, rescataría aquellas en donde hace énfasis
sobre las labores de limpieza y reparaciones al daño ambiental y las
revisiones de los protocolos y planes de contingencia para prevenir
en el futuro accidentes similares, si son o no culpables serán los
organismos competentes quienes decidirán si el Gerente General tiene
la razón.